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Unos 17 policías supuestamente involucrados con el cártel de Los Zetas fueron arrestados por la masacre de 72 inmigrantes perpetrada en agosto de 2010 en Tamaulipas, de acuerdo con un reporte oficial de México difundido este lunes por el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense.
Este informe, realizado por la Procuraduría General de la República (PGR), no aclara el resultado final del proceso de los elementos policíacos.
Otros inculpados por este caso aseguraron que policías del municipio de San Fernando -donde ocurrió la masacre- recibían pagos por parte de Los Zetas a cambio de realizar "labores de halconeo o vigilancia e intercepción de personas", señala la PGR.
La mayoría de los policías detenidos negaron haber participado en los hechos, pero uno de ellos reconoció "la participación" de directivos de Seguridad Pública y de Tránsito, al asegurar que elementos de esas corporaciones "ayudan a la organización de Los Zetas", entregándoles a la gente que arrestan en vez de llevarlos a la cárcel.
La muerte de los 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica, cuyos cadáveres con huellas de tortura aparecieron el 23 de agosto de 2010 en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, causó indignación en México y la comunidad internacional.
Las autoridades mexicanas sostuvieron que los inmigrantes habían sido secuestrados por Los Zetas y que sus familiares no pagaron el rescate. Posteriormente, los narcotraficantes les habrían exigido sumarse a su cártel, y ante el rechazo, fueron asesinados.
En mayo pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que el expediente que abrió por el caso sería reabierto, a fin de revisar el documento íntegro y si "hace falta alguna diligencia que desahogar en la materia, se localizará a los familiares de las víctimas", refirió en su momento el organismo.
El informe de la PGR, divulgado este lunes, fue entregado el pasado 10 de diciembre al Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tras una solicitud realizada a través del mexicano Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI).
El documento se da a conocer en momentos en que México está conmocionado por la desaparición y presumible asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, donde fueron baleados por policías y el crimen organizado el pasado 26 de septiembre.
La investigación de Procuraduría -basada en declaraciones de pistoleros detenidos- apunta a que los policías entregaron a los jóvenes a sicarios del cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado. Por el momento sólo han sido identificados los restos de uno de los estudiantes.
Esta tragedia ha detonado la peor crisis de la presidencia de Enrique Peña Nieto, quien asumió el poder en diciembre 2012, y ha puesto en evidencia la profunda infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad mexicanas.
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